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dimarts, 29 de novembre del 2011

Concentració davant el Departament de Governació

Demà dimecres, a les 9 h

Els sindicats de la Mesa de Negociació dels empleats públics de la Generalitat convoquen una concentració davant el Departament de Governació


FotoEls sindicats presents en la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, CCOO, IAC i UGT, convoquen una concentració de delegats i delegades amb motiu de les retallades anunciades pel president Mas. La concentració serà demà, dimecres, 30 de novembre, a les 9 h, davant del Departament de Governació (Via Laietana, 26, Barcelona).

La vicepresidenta del Govern, després de les acusacions de les organitzacions sindicals d’anunciar retallades a través dels mitjans de comunicació i menystenir l’àmbit de la negociació, que és el lloc on correspon negociar les condicions laborals, ha convocat la Mesa General de Negociació dels empleats públics, demà, 30 de novembre. 

CCOO, IAC, UGT, 
CGT,Intersindical-CSC, SATSE i CSIF convoquen aquesta concentració unitària de persones delegades en suport als representants socials en la Mesa i en protesta per les retallades que amb tota seguretat s’anunciaran. 

"Un mal negocio" La Vanguardia


El aumento del independentismo en Catalunya no es casual ni tampoco responde a una serie de circunstancias difíciles de explicar.
Mientras el independentismo catalán de principios de los 80 y de los 90, pese a ser portador de la actual llama, respondía en muchos casos a cuestiones identitarias, que en algunos casos imposibilitaba una mayor aglutinación; podemos decir que a día de hoy se puede constatar con soltura a equivocarnos que el independentismo catalán del siglo XXI es transversal, plural, cívico y sobre todo democrático, por ello no deja de aumentar. El independentismo catalán crece porque las razones para apostar por un nuevo estado, son muchas y muy diversas; la cuestión económica, la supervivencia cultural, la profundización a nivel democrático, el derecho inalienable que tienen los pueblos a decidir su futuro, las cuestiones históricas, los agravios comparativos con España, la voluntad de vivir mejor, etc.
Por ello el abanico de razones son numerosas y porque la actitud del estado español hacia Catalunya no ha hecho nada más que contribuir y aumentar la desafección de los catalanes hacia a la España monolingüe y centralista. Por contra, el españolismo o unionismo en Catalunya sólo responde a día de hoy a puras razones identitarias, pero más allá de estas razones no se expone ningún argumento que justifique la actual dependencia de Catalunya con España. Y aquí, pese a que el discurso economista no entusiasme a ciertos colectivos independentistas, es donde podemos tejer complicidad con ciertos sectores de la sociedad catalana que hasta ahora no mostraban demasiadas simpatías hacia el independentismo. Al final, no sólo la situación cultural muestra el espíritu colonialista de España con Catalunya, el aspecto económico diría que es donde actualmente se visualiza de manera clara y rotunda la política colonial que fomenta la España constitucional respecto a Catalunya.
Porque si dejamos las razones identitarias a un lado y nos centramos en el día a día, ¿quién puede defender el espolio que padecemos todos los catalanes, independientemente de si se sienten españoles o catalanes?
¿Quién puede defender por razones identitarias que España robe a Catalunya 60 millones de euros al día a partir del déficit fiscal?
¿Quién puede defender que los estudiantes catalanes reciban sólo el 5% de todas las becas del estado y los estudiantes de Madrid reciban el 58%?
¿Quién no querría ver aumentada por meras cuestiones identitarias la renta per cápita anual de los catalanes en unos 2.400€ al año si tuviésemos seguridad social propia?
¿Quién puede defender que el “Ministerio de Cultura” haga un gasto anual por cada español de 47€ y por cada catalán sólo de 5€?
¿Quién querría viajar por puras cuestiones identitarias con el 40% de los trenes construidos por el estado durante la década de los 70 que se consideraron obsoletos y que aún circulan por Catalunya, mientras que Madrid sólo tiene el 4%?
¿Quién no querría ver a su país 7 veces más rico como dijo el Premio Nobel de Economía Aplicada en la UB el pasado mes de mayo?
¿Quién puede defender por causas identitarias que 1 de cada 3 años el Ministerio de Fomento no invierta nada de nada en Catalunya?
¿Quién quiere, pese a ser catalán y sentirse español, que cada año nos roben 20.000.000.000 de euros (11% del PIB), siendo así la región del mundo que sufre más déficit por parte de su gobierno? ¿Realmente sentirse español en Catalunya compensa eso?
Como residente en Catalunya, ¿quién puede tolerar, por cuestiones identitarias, que por cada 12,7 millones de euros que se invierten en medio-ambiente en el aeropuerto de el Prat, se inviertan 300 millones al de Barajas?
Por muy españolista que uno sea en Catalunya ¿se puede defender que entre 1985 y 2005 sólo se hayan construido en Catalunya 20km de autovías mientras que en Madrid se hagan cerca de 900 en idéntico periodo?
Por motivos identitarios ¿se puede aceptar y no protestar cuando en Catalunya sólo se invierte un promedio del 12% del PIB español anual pese a aportar el 22% del mismo PIB español?
¿Realmente las razones identitarias compensan el agravio que hemos sufrido por ejemplo con el AVE? EN Catalunya, por el AVE, el gobierno invirtió 316€ por catalán, pero en el mismo año invirtió 1.198€ por andaluz, 894€ por madrileño, 574€ por aragonés y 407€ por castellanomanchego.
¿Justifica el sentimiento de identidad pagar peajes y más peajes?
Es preciso ser estúpido para defender la dependencia de Catalunya con España cuando nosotros los catalanes, independientemente de si nos sentimos españoles o catalanes, si vamos con la roja o no, estamos perdiendo la oportunidad de vivir mejor. Estamos perdiendo la oportunidad de dar un futuro mejor a nuestros hijos por una cuestión identitaria y si uno se para a pensar fríamente llega a la conclusión que nadie no podría llegar en tolerar por una cuestión identitaria tal contradicción. ¿Aquellos que son tan identitarios aceptarían sufrir un agravio al revés?
España es un mal negocio a nivel cultural pero sobre todo a nivel económico, y lo es porque tratar a Catalunya como una colonia forma parte del su leitmotiv nacional.

La retribución básica de los 350 diputados será de 2.813,87 euros mes

Los 350 diputados surgidos de las elecciones generales de este domingo día 20, comenzarán a percibir su sueldo base de2.813,87 euros mes, con efectos del lunes día 21 de noviembre.

El presidente del Congreso que resulte elegido el próximo 13 de diciembre, el día que se constituirá el Parlamento, complementará su sueldo base con otros 9.121 euros por su condición de miembro de la Mesa de la Cámara Baja, de gastos de representación y de gastos de libre disposición.
Por su parte, los dos vicepresidentes sumarán a la asignación general 2.813. 87 euros que reciben todos los diputados otros 1.209,60 por ser miembro de la Mesa del Congreso, 1.010,83 por los gastos de representación y 707,10 para su libre disposición.
De otro lado, los secretarios de la mesa, los portavoces y los portavoces adjuntos tendrá unos complementos adiciones por valor de 2.440,3 euros, 2.667,5 euros y 2.087.07 euros respectivamente.
También recibirán un sueldo mayor los integrantes de las diferentes comisiones que se constituyan, el cual variará en función del grado de responsabilidad del puesto que sea ocupado. Así, el complemento de los presidentes de las comisiones se situará en los 1.434,31 euros; el de los vicepresidentes y portavoces de los distintos grupos, en 1.046,48; el de los secretarios en 697,65 euros y el de los portavoces adjuntos en 697,65 euros.
Además de las percepciones individuales correspondientes a su asignación, los diputados que vengan de una circunscripción distinta a Madrid recibirán una cuantía mensual de 1.823,86 euros, y de 870,56 euros los electos por Madrid para afrontar los gastos de alojamiento y manutención que origine la actividad de la Cámara. Asimismo, el Congreso cubrirá los gastos de transporte de los diputados abonando directamente el precio del billete a la empresa transportista, a no ser que los diputados utilicen su propio vehículo, para lo que se les abonarán 0,25 euros por kilómetro siempre que el desplazamiento esté debidamente justificado.
Los que no tengan coche oficial tendrán a su disposición, como viene ocurriendo desde 2006, una tarjeta para sus desplazamientos en taxi por Madrid con un límite de 3.000 euros anuales. Además, si viajan en misión oficial, recibirán 150 euros diarios en concepto de dietas, si salen al extranjero, y 120 euros si el viaje es en territorio nacional.
Los 350 nuevos diputados contarán, por primera vez, con una tableta, tipo iPad, dentro del kit tecnológico.Esta nueva herramienta sustituirá al ordenador portátil con el que contaban en las dos últimas legislaturas. Pero además seguirán teniendo un teléfono móvil de última generación, concretamente el último modelo Iphone, el ordenador del escaño, el del despacho y una línea ADSL en su domicilio.
Lo que variará respecto a los diputados que tomaron posesión de sus escaños en 2008 es que los nuevos diputados ya no tendrán derecho al complemento de pensión del que venían disfrutando los parlamentarios que hubieran sumado más de siete años en ejercicio.
Estas ayudas sólo se mantienen para quienes ya las percibían o los que hayan devengado el derecho a las mismas el 13 de diciembre, día de constitución de las nuevas Cámaras, pero no podrán recibirlas los que hayan sido elegidos ahora por primera vez o ya tuvieran escaño pero no cumplieran los requisitos establecidos para beneficiarse de ellas.
De la misma manera, los diputados de la X Legislatura que cesen tras pasar un mínimo de dos años en el escaño tendrán derecho a la indemnización por cese que ya regía para sus antecesores, pero no podrán compatibilizarla con cualquier otro sueldo, retribución, salario, pensión o dieta de carácter público o privado. Antes esta indemnización sólo era incompatible con otros sueldos públicos
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La persecución de los funcionarios

28.11.2011Miguel Valverde
Una de las consecuencias de la victoria del Partido Popular en las elecciones generales del 20 de noviembre es que numerosos empleados públicos –funcionarios y contratados laborales– van a ser apartados de sus actuales puestos y enviados a recorrer los pasillos del Ministerio, hacer un inventario de los formularios existentes en los armarios o, simplemente, a buscarse la vida en la administración.
Con las victorias del PSOE ocurrió lo mismo. Pasa siempre que el poder cambia de color en todas las administraciones. El equipo entrante nombra sus cargos de confianza en los primeros escalones de la gestión y aparca a los que estaban con el adversario político.
En este proceso se pierden muchos conocimientos y experiencias acumuladas, además de mucho dinero. Con frecuencia, el nuevo ministro, secretario de Estado o director general se dedica a desmontar muchas de las cosas que había hecho su antecesor porque cree haber descubierto la esencia definitiva de la modernización de la Administración.
Por esta razón, el discurso de los responsables de la cosa pública, que diría Francisco Umbral, se repite legislatura tras la legislatura. Pronto volveremos a oír sentencias como estas: “Queremos acercar la administración al ciudadano”; “Los funcionarios cobrarán el salario de acuerdo con la productividad “ o, finalmente, “los españoles podrán resolver todos sus trámites con el Gobierno central, las comunidades autónomas y ayuntamientos a través de Internet”.
Por todas estas razones, y para tratar de aislar la gestión de la contienda política, el Estatuto de la Función Pública creó la figura del directivo profesional en la Administración, aunque no se ha desarrollado plenamente. La reducción del déficit está obligando a los gobernantes a recortar y congelar los salarios. Y si no hay retribución suficiente no hay incentivos para el trabajo.
Con frecuencia los distintos responsables del Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos explican los ajustes y los “sacrificios” que piden a los funcionarios porque éstos “tienen el privilegio del empleo fijo”.
Sin embargo, sobre todo los de la Administración central, pierden poder adquisitivo con relativa frecuencia porque, en última instancia, sus retribuciones están sujetas a la decisión del Parlamento, cuando al aprobar los presupuestos de cada año respalda la política económica del Ejecutivo. Por lo tanto, al final los funcionarios no tienen derecho a la negociación colectiva en toda su plenitud. Así lo estableció el Tribunal Constitucional cuando, precisamente, Mariano Rajoy, como ministro de Administraciones Públicas, decidió congelar los salarios de los funcionarios para 1997.
Es verdad que Estadística acaba de decir que en los niveles más altos de la Administración los salarios son más elevados que en la empresa privada, pero no es el caso del conjunto de los empleados públicos, sino más bien lo contrario.
La consideración del empleado público como indefinido, o casi, tiene como fin evitar que se produzca una salida masiva de la administración cada vez que el Gobierno cambia de color. Por eso, en lugar de ser despedidos, muchos son apartados y condenados a galeras.
Sin embargo, es fácilmente comprensible que terminen perdiendo el incentivo por su labor quienes, una y otra vez, sufren un recorte, o una congelación salarial, por el hecho de trabajar en el sector público. Sin que nadie se preocupe de cómo hacen las cosas y, encima, con el desinterés de la mayoría de la opinión pública, que ya tiene una idea fija del funcionario.
El casi permanente recorte del poder adquisitivo de los empleados públicos conduce al desánimo, la abulia, la picaresca y, en algunos casos, a la corrupción. Son trabajadores que, como todos los demás, tienen que pagar hipotecas, colegios, seguros o letras del coche. En esta tesitura. a lo mejor la decisión más conveniente sería aplicar el régimen laboral privado a los empleados públicos, con la posibilidad del despido, a cambio de incrementar sustancialmente los incentivos salariales. Pero no habrá nunca valentía política para hacerlo porque podría ser carísimo para los presupuestos.

El Govern reducirá un 33% sueldo y jornada de los trabajadores interinos

comentario sacado de un periódico digital

Basta ya de criminalizar al funcionario por el hecho de tener un trabajo asegurado.
No fueron los funcionarios los que inventaron ese sistema.
El que se mete a estudiar oposiciones, se presenta a estas, una o varias veces, pasa por todas las fases de las oposiciones y las aprueba, lo hace por algo, porque prioriza la seguridad en el trabajo al sueldo ( hay un montón de funcionarios mileuristas, no lo olvidemos). La gente se molesta en estudiar y pasa nervios y angustias porque quiere eso, seguridad laboral, no pueden ahora echárnoslo en cara los trabajadores de la empresa privada, que son contratados sin ese proceso de selección previo.
Pero me parece el colmo que sea la propia administración pública la que nos eche carnaza con ese cuento, los mismos que nos contratan con esas condiciones después nos reprochan el que las tengamos. Es de locos.
Es muy fácil denigrar a los funcionarios como si fueramos una pandilla de vagos sin ningún tipo de iniciativa. Pero ningún país serio funcionan sin una masa de funcionarios que lo mueva, les guste a los demás reconocerlo o no.
Un país precisa de todo: de empresarios, de obreros y de funcionarios. De hecho, conozco países sin empresarios, que son substituidos por el Estado, pero ningún país sin funcionarios, por algo será.
Desde el funcionario de ventanilla al médico o al profesor, somos necesarios. no pedimos prebendas, solo respeto.
Y otra cosa: en la empresa privada lo que se ha hecho sobre todo ha sido no contratar , despedir o congelar sueldos. A los funcionarios, se nos ha recortado el sueldo y se ha impedido la contratacion de interinos( caso de educación, por elemplo). No veo que unos u otros hayan salido mucho mejor parados: TODOS LOS cURRITOS somos los que finalmente apoquinamos, mientras el PP i CiU dicen que volver a instaurar el impuesto de patrimonio es "demagogico".
INDIGNANTE:

L'ICS diu als metges que si no accepten rebaixar els complements 1.500 interins podrien anar al carrer

Una altra alternativa proposada és que 6.000 treballadors es rebaixin un 25% la jornada laboral



MARÍA BÉLMEZ I POL SOLÀ (ACN) | 03/10/2011 18:33
L'Insitut Català de la Salut (ICS) ha dit als metges que si no accepten rebaixar a la meitat la paga de Nadal i ajornar el cobrament de guàrdies i alguns complements, 1.500 interins podrien anar al carrer. En un recés de la negociació que hores d'ara mantenen els sindicats i els gerents de l'ICS, els sindicats han explicat que els hi ha fet tres propostes: reduir a la meitat la paga de Nadal, que 6.000 treballadors es rebaixin la jornada laboral un 25% o que 1.500 interins vagin al carrer. Els representants de CCOO, Satse (sindicat d'infermeria) i UGT han assegurat als mitjans de comunicació que no acceptaran aquestes propostes.
La reunió ha començat sobre les 16 hores i poc d'una hora més tard han fet un recés, durant el qual els representants dels sindicats han explicat als centenars de persones que es manifestaven a les portes de l'ICS les alternatives. Els manifestants han reclamat als seus representants que no signin cap de les tres propostes i han proclamat crits a favor d'una vaga al sector.

La secretària general de Satse Catalunya, Montse Peña, ha explicat que la proposta de rebaixar a la meitat la paga de Nadal l'han modificat lleugeramnet però "fent-la més complicada". Segons Peña, els hi ha dit que al gener els hi tornarien el 50% d'aquesta quantia a compte dels complements de productivitat, part que ja els van anunciar "que després retallarien". Per això ha considerat que "és com si l'empresa ens demanés un crèdit" i ha valorat que les conseqüències serien les mismes.

Ha afegit que no els han donat cap explicació addicional a la que ja tenien de les dues trobades anteriors, tot i que ha dit que els hi ha aportat alguns números per justificar que han de fer una rebaixa de 22 MEUR que afecta directament als treballadors.

Des d'UGT, Jordi Figuera ha mostrat també la seva negativa a acceptar cap de les tres propostes. "O 22 MEUR de les butxaques dels treballadors, o 6.000 interins es redueixen la jornada laboral i per tant el sou, o sinó 1.500 al carrer", ha resumit.

La portaveu de Sanitat de CCOO, Mari Carmen Navarro, no ha descartat que si l'ICS no modifica cap proposta s'arribi a una vaga del sector sanitari, tot i que ha reconegut que aquesta situació "perjudicaria els usuaris".

De moment, Satse ja ha anunciat que des d'aquesta mateixa nit promourà assembles als centres per explicar quina és la situació i què es pot fer.

A l'espera de que finalitzi la reunió, un grup dels 300 treballadors que es manifestaven a les portes de l'ICS han iniciar una marxa pels carrers del centre de Barcelona.