Una de las consecuencias de la victoria del Partido Popular en las elecciones generales del 20 de noviembre es que numerosos empleados públicos –funcionarios y contratados laborales– van a ser apartados de sus actuales puestos y enviados a recorrer los pasillos del Ministerio, hacer un inventario de los formularios existentes en los armarios o, simplemente, a buscarse la vida en la administración.
Con las victorias del PSOE ocurrió lo mismo. Pasa siempre que el poder cambia de color en todas las administraciones. El equipo entrante nombra sus cargos de confianza en los primeros escalones de la gestión y aparca a los que estaban con el adversario político.
En este proceso se pierden muchos conocimientos y experiencias acumuladas, además de mucho dinero. Con frecuencia, el nuevo ministro, secretario de Estado o director general se dedica a desmontar muchas de las cosas que había hecho su antecesor porque cree haber descubierto la esencia definitiva de la modernización de la Administración.
Por esta razón, el discurso de los responsables de la cosa pública, que diría Francisco Umbral, se repite legislatura tras la legislatura. Pronto volveremos a oír sentencias como estas: “Queremos acercar la administración al ciudadano”; “Los funcionarios cobrarán el salario de acuerdo con la productividad “ o, finalmente, “los españoles podrán resolver todos sus trámites con el Gobierno central, las comunidades autónomas y ayuntamientos a través de Internet”.
Por todas estas razones, y para tratar de aislar la gestión de la contienda política, el Estatuto de la Función Pública creó la figura del directivo profesional en la Administración, aunque no se ha desarrollado plenamente. La reducción del déficit está obligando a los gobernantes a recortar y congelar los salarios. Y si no hay retribución suficiente no hay incentivos para el trabajo.
Con frecuencia los distintos responsables del Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos explican los ajustes y los “sacrificios” que piden a los funcionarios porque éstos “tienen el privilegio del empleo fijo”.
Sin embargo, sobre todo los de la Administración central, pierden poder adquisitivo con relativa frecuencia porque, en última instancia, sus retribuciones están sujetas a la decisión del Parlamento, cuando al aprobar los presupuestos de cada año respalda la política económica del Ejecutivo. Por lo tanto, al final los funcionarios no tienen derecho a la negociación colectiva en toda su plenitud. Así lo estableció el Tribunal Constitucional cuando, precisamente, Mariano Rajoy, como ministro de Administraciones Públicas, decidió congelar los salarios de los funcionarios para 1997.
Es verdad que Estadística acaba de decir que en los niveles más altos de la Administración los salarios son más elevados que en la empresa privada, pero no es el caso del conjunto de los empleados públicos, sino más bien lo contrario.
La consideración del empleado público como indefinido, o casi, tiene como fin evitar que se produzca una salida masiva de la administración cada vez que el Gobierno cambia de color. Por eso, en lugar de ser despedidos, muchos son apartados y condenados a galeras.
Sin embargo, es fácilmente comprensible que terminen perdiendo el incentivo por su labor quienes, una y otra vez, sufren un recorte, o una congelación salarial, por el hecho de trabajar en el sector público. Sin que nadie se preocupe de cómo hacen las cosas y, encima, con el desinterés de la mayoría de la opinión pública, que ya tiene una idea fija del funcionario.
El casi permanente recorte del poder adquisitivo de los empleados públicos conduce al desánimo, la abulia, la picaresca y, en algunos casos, a la corrupción. Son trabajadores que, como todos los demás, tienen que pagar hipotecas, colegios, seguros o letras del coche. En esta tesitura. a lo mejor la decisión más conveniente sería aplicar el régimen laboral privado a los empleados públicos, con la posibilidad del despido, a cambio de incrementar sustancialmente los incentivos salariales. Pero no habrá nunca valentía política para hacerlo porque podría ser carísimo para los presupuestos.
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